Escrito por Norma Loto. SemMexico / La Independent
Jueves, 10 de Septiembre de 2015 17:13
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| Monica Pizani |
Poner fin a la impunidad es el objetivo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (feminicidio/femicido), documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU Mujeres, junto a personas expertas de Latinoamérica.
Si bien hay avances en relación con la tipificación de esos hechos en distintos países de Latinoamérica, las iniciativas a veces solo parecen quedar en intentos, letra muerta y la escasa acción del sistema jurídico-penal, que sigue arraigado a columnas patriarcales que impiden una correcta actuación.
En medio de este panorama, representantes de 15 países de Iberoamérica se reunieron en Panamá del 9 al 13 de septiembre con el fin revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
A la reunión de Panamá asistieron magistrados, jueces, policías, forenses, abogadas, abogados y referentes de la academia provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
El objetivo fue recoger experiencias y recomendaciones con el fin de garantizar la aplicación del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
A estos hechos se les llama indistintamente feminicidos y femicidios, debido a que en aún no existe una definición consensuada de ambos conceptos, ya que su alcance, contenido e implicaciones son todavía objeto de amplios debates y sus acepciones varían según el enfoque desde el cual se examina y la disciplina que lo aborda.
En la actualidad se apela al término femicidio para referirse a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas.
En cambio, feminicidio es un término con impronta política, acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y que alude al acto de asesinar a una mujer por el solo hecho de ser mujer, pero con el matiz político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el cumplimiento de las convenciones internacionales.
"Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado", refiere Lagarde.
Poner énfasis en estos crímenes sirve para fortalecer la concientización sobre la más grave de las violencias contra las mujeres. Según el informe de 2012 del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2011 se registraron 1.139 homicidios de mujeres por el hecho de serlo en ocho países de la región.
La representante regional de ACNUDH, Carmen Rosa Villa, afirmó en un comunicado de prensa que la muerte violenta de mujeres por razones de género pone a millones, "de todas las edades, en una situación de desasosiego permanente" y agregó que "los Estados, las sociedades y el sistema de las Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno y contra la impunidad que los rodea", interés supremo del Modelo de Protocolo.
Esa iniciativa responde a diversos llamados de atención provenientes de instituciones internacionales de derechos humanos sobre deficiencias y dificultades que persisten en las investigaciones del femicidio.
Entre otras, las instituciones dieron cuenta de algunos vicios instaurados en el sistema judicial, como los prejuicios y estereotipos en las personas que integran el aparato judicial, demoras en los inicios de las investigaciones, estancamiento de expedientes y negligencias e irregularidades en la obtención de pruebas.
Moni Pizani, directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló que el diseño de Protocolo "es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policía directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados".
"No es un instrumento obligatorio; lo que estamos buscando es que sea reconocido y utilizado. Es una herramienta que les ofrece a los operadores de justicia directrices para la implementación penal y, en ese sentido, ayudará a desterrar algunos vicios. El Protocolo ofrece un estándar de las diligencias que redundará en la reducción de la impunidad", aseguró Pizani en diálogo con SEMlac.
Pizani detalló que el protocolo proporcionará directrices generales y criterios dirigidos a mejorar las prácticas de los operadores de justicia.
La idea es terminar con un conjunto de arbitrariedades y brindar "una perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación", afirmó a SEMlac.
A la par, esta herramienta práctica busca garantizar los derechos de las víctimas, sobrevivientes y familiares en el ámbito de la justicia, además de que garantiza su participación en las etapas de investigación y juicio de los femicidas, detalló Pizani.
Entre otros puntos, el protocolo refiere la importancia de las pruebas de contexto, es decir, todos los hechos que antecedieron al femicidio, como las denuncias realizadas en la policía, el testimonio de familiares, entre otros. Son factores a los que a veces la justicia no les brinda el valor suficiente a la hora de emitir un juicio, ya que se remiten a la información contundente.
Toda la información de contexto son evidencias. "Por eso debe haber una trabajo de capacitación a funcionarios y operadores de justicia, para que analicen de una forma distinta ", refirió Pizani.
Un proceso en construcción
Interrogada por SEMlac acerca de las regiones más resistentes a aceptar el protocolo, Pizani prefirió una mirada en positivo del proceso, que data de hace pocos años, y abogó por elogiar a los países que ya tienen tipificado el femicidio. "Es como una ola que despierta la atención en otros países y, seguramente, genera acciones que se multiplicarán", comentó.
Desde 2007, varias naciones de América Latina han desarrollado un proceso de tipificación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, bajo la denominación de femicidios o feminicidios, según los países.
El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Bolivia han creado leyes especiales de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, en tanto Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Honduras y México han reformado las normas penales nacionales existentes.
RECUADRO
El Modelo Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género femicidio es parte de las acciones de la campaña "UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres" del Secretario General de las Naciones Unidas, ACNUDH y ONU Mujeres, que en junio de 2012 organizaron la primera reunión de expertos y expertas para iniciar el trabajo de redacción.
Poner fin a la impunidad por la violencia contra las mujeres es una de las metas que se propone Naciones Unidas. El estudio del Secretario General de la ONU ''Poner fin a la violencia contra la mujer'', de 2006, se refirió así al efecto que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres: "La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres".
El mencionado estudio también hace referencia al papel del Estado cuando no responsabiliza a los autores de actos de violencia y sostiene que "la impunidad no solo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal".
Para acabar con la impunidad y prevenir los feminicidios: Los países necesitan marcos jurídicos exhaustivos que creen un entorno para que las mujeres y las niñas vivan libres de violencia, y que tipifiquen al femicidio como un delito específico; Es fundamental la intervención temprana por parte de la ley y de otras agencias de apoyo; Las supervivientes y sus familias deben tener acceso a servicios completos que les garanticen el acceso a la policía y al sistema de justicia, a refugios, asistencia jurídica, servicios de salud, asesoría psicosocial, líneas de atención las 24 horas y al apoyo a largo plazo; Fomentar cambios en las actitudes, y comportamientos que consienten o que perpetúan la violencia, con el fin de prevenir la violencia antes de que se dé; Los gobiernos tienen que comprometerse a pasar a la acción.
Si bien hay avances en relación con la tipificación de esos hechos en distintos países de Latinoamérica, las iniciativas a veces solo parecen quedar en intentos, letra muerta y la escasa acción del sistema jurídico-penal, que sigue arraigado a columnas patriarcales que impiden una correcta actuación.
En medio de este panorama, representantes de 15 países de Iberoamérica se reunieron en Panamá del 9 al 13 de septiembre con el fin revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
A la reunión de Panamá asistieron magistrados, jueces, policías, forenses, abogadas, abogados y referentes de la academia provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
El objetivo fue recoger experiencias y recomendaciones con el fin de garantizar la aplicación del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
A estos hechos se les llama indistintamente feminicidos y femicidios, debido a que en aún no existe una definición consensuada de ambos conceptos, ya que su alcance, contenido e implicaciones son todavía objeto de amplios debates y sus acepciones varían según el enfoque desde el cual se examina y la disciplina que lo aborda.
En la actualidad se apela al término femicidio para referirse a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas.
En cambio, feminicidio es un término con impronta política, acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y que alude al acto de asesinar a una mujer por el solo hecho de ser mujer, pero con el matiz político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el cumplimiento de las convenciones internacionales.
"Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado", refiere Lagarde.
Poner énfasis en estos crímenes sirve para fortalecer la concientización sobre la más grave de las violencias contra las mujeres. Según el informe de 2012 del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2011 se registraron 1.139 homicidios de mujeres por el hecho de serlo en ocho países de la región.
La representante regional de ACNUDH, Carmen Rosa Villa, afirmó en un comunicado de prensa que la muerte violenta de mujeres por razones de género pone a millones, "de todas las edades, en una situación de desasosiego permanente" y agregó que "los Estados, las sociedades y el sistema de las Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno y contra la impunidad que los rodea", interés supremo del Modelo de Protocolo.
Esa iniciativa responde a diversos llamados de atención provenientes de instituciones internacionales de derechos humanos sobre deficiencias y dificultades que persisten en las investigaciones del femicidio.
Entre otras, las instituciones dieron cuenta de algunos vicios instaurados en el sistema judicial, como los prejuicios y estereotipos en las personas que integran el aparato judicial, demoras en los inicios de las investigaciones, estancamiento de expedientes y negligencias e irregularidades en la obtención de pruebas.
Moni Pizani, directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló que el diseño de Protocolo "es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policía directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados".
"No es un instrumento obligatorio; lo que estamos buscando es que sea reconocido y utilizado. Es una herramienta que les ofrece a los operadores de justicia directrices para la implementación penal y, en ese sentido, ayudará a desterrar algunos vicios. El Protocolo ofrece un estándar de las diligencias que redundará en la reducción de la impunidad", aseguró Pizani en diálogo con SEMlac.
Pizani detalló que el protocolo proporcionará directrices generales y criterios dirigidos a mejorar las prácticas de los operadores de justicia.
La idea es terminar con un conjunto de arbitrariedades y brindar "una perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación", afirmó a SEMlac.
A la par, esta herramienta práctica busca garantizar los derechos de las víctimas, sobrevivientes y familiares en el ámbito de la justicia, además de que garantiza su participación en las etapas de investigación y juicio de los femicidas, detalló Pizani.
Entre otros puntos, el protocolo refiere la importancia de las pruebas de contexto, es decir, todos los hechos que antecedieron al femicidio, como las denuncias realizadas en la policía, el testimonio de familiares, entre otros. Son factores a los que a veces la justicia no les brinda el valor suficiente a la hora de emitir un juicio, ya que se remiten a la información contundente.
Toda la información de contexto son evidencias. "Por eso debe haber una trabajo de capacitación a funcionarios y operadores de justicia, para que analicen de una forma distinta ", refirió Pizani.
Un proceso en construcción
Interrogada por SEMlac acerca de las regiones más resistentes a aceptar el protocolo, Pizani prefirió una mirada en positivo del proceso, que data de hace pocos años, y abogó por elogiar a los países que ya tienen tipificado el femicidio. "Es como una ola que despierta la atención en otros países y, seguramente, genera acciones que se multiplicarán", comentó.
Desde 2007, varias naciones de América Latina han desarrollado un proceso de tipificación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, bajo la denominación de femicidios o feminicidios, según los países.
El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Bolivia han creado leyes especiales de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, en tanto Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Honduras y México han reformado las normas penales nacionales existentes.
RECUADRO
El Modelo Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género femicidio es parte de las acciones de la campaña "UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres" del Secretario General de las Naciones Unidas, ACNUDH y ONU Mujeres, que en junio de 2012 organizaron la primera reunión de expertos y expertas para iniciar el trabajo de redacción.
Poner fin a la impunidad por la violencia contra las mujeres es una de las metas que se propone Naciones Unidas. El estudio del Secretario General de la ONU ''Poner fin a la violencia contra la mujer'', de 2006, se refirió así al efecto que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres: "La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres".
El mencionado estudio también hace referencia al papel del Estado cuando no responsabiliza a los autores de actos de violencia y sostiene que "la impunidad no solo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal".
Para acabar con la impunidad y prevenir los feminicidios: Los países necesitan marcos jurídicos exhaustivos que creen un entorno para que las mujeres y las niñas vivan libres de violencia, y que tipifiquen al femicidio como un delito específico; Es fundamental la intervención temprana por parte de la ley y de otras agencias de apoyo; Las supervivientes y sus familias deben tener acceso a servicios completos que les garanticen el acceso a la policía y al sistema de justicia, a refugios, asistencia jurídica, servicios de salud, asesoría psicosocial, líneas de atención las 24 horas y al apoyo a largo plazo; Fomentar cambios en las actitudes, y comportamientos que consienten o que perpetúan la violencia, con el fin de prevenir la violencia antes de que se dé; Los gobiernos tienen que comprometerse a pasar a la acción.